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Felipe Caballero

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La Psicología Jurídica y Forense en Venezuela comenzó a desarrollarse formalmente a partir de la década de 1970, cuando los tribunales y organismos del Estado empezaron a solicitar la participación de psicólogos en casos legales, especialmente en evaluaciones de imputabilidad, custodia, violencia y credibilidad de testigos. En ese período, la práctica era todavía incipiente y se realizaba sin una formación especializada sistemática.

Durante las décadas de 1980 y 1990, el interés académico y profesional creció. Universidades como la Universidad Central de Venezuela (UCV) y la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) comenzaron a incluir asignaturas y programas de formación en psicología forense. Al mismo tiempo, instituciones como el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) y los tribunales de protección de niños, niñas y adolescentes integraron psicólogos en sus equipos técnicos.

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En los años 2000, la disciplina se consolidó como un campo reconocido dentro de la psicología aplicada. Se crearon asociaciones profesionales y programas de posgrado especializados en psicología jurídica y forense, se publicaron investigaciones locales y se establecieron normas éticas y técnicas para el trabajo pericial.

Hoy en día, la Psicología Jurídica y Forense en Venezuela tiene un papel fundamental en el sistema judicial, penitenciario y de protección social, con profesionales que participan en evaluaciones periciales, mediación, orientación a víctimas y asesoramiento legal. Su desarrollo refleja la búsqueda de una mayor profesionalización y rigor científico en la intersección entre la psicología y el derecho.