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Luis Bravo

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Aunque la disciplina de la psicología-forense tiene raíces internacionales que se remontan al inicio del siglo XX, en Nicaragua su desarrollo ha sido más tardío y ligado al fortalecimiento de instituciones gubernamentales. Por ejemplo, se señala que antes de la creación del Instituto de Medicina Legal de Nicaragua (IML) en 1999 no existía un médico forense especializado, y los peritajes abarcaban múltiples disciplinas, incluida la psicología. Eso, muestra que la psicología jurídica/forense empezó a encontrar un escenario institucional real a partir de ese momento.

Con el establecimiento del IML se habilitaron varias “especialidades forenses”, entre ellas psicólogos que fueron formados en áreas como la “psico-traumatología forense”, es decir, tratamientos y evaluaciones de las repercusiones psicológicas de la violencia. Asimismo, en los manuales judiciales de Nicaragua se reconoce a la psicología forense como “la aplicación de la psicología clínica en las materias relacionadas con la ley y el sistema legal”, abarcando ámbitos como víctimas, testigos, victimarios, tribunales, prisiones.

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A pesar de estos avances institucionales, la especialidad sigue enfrentando desafíos: estandarización de protocolos, desarrollo académico, capacitación especializada, incorporación de perspectiva de derechos humanos y victimológica, y mayor visibilidad en el sistema de justicia penal y civil. El reconocimiento formal de la psicología forense dentro del sistema jurídico nicaragüense —por ejemplo, con la figura de “psicólogo forense” desempeñando funciones para el IML y el poder judicial— marca una etapa de profesionalización creciente.