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María
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La Psicología jurídica en Colombia tiene su nacimiento en 1974 con la vinculación de la doctora Victoria Eugenia Villegas al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Bogotá), quien sería reconocida como la primera psicóloga forense del país. A partir de este momento, diversas universidades del país, entre las que se resaltan la Universidad Nacional, la Universidad San Buenaventura, la Universidad Católica y la Universidad Santo Tomás, empezaron a incluir dentro de sus currículos cátedras de Psicología jurídica; más adelante, se uniría la Pontificia Universidad Javeriana, que inició un proyecto formal de psicología jurídica como respuesta a las demandas planteadas desde el Centro de Conciliación de la misma universidad.

Con la llegada del nuevo milenio, importantes hitos en la academia, las instituciones del Estado y la legislación continuaron fortaleciendo esta especialidad en el país, que actualmente cuenta con profesionales desempeñándose en el ámbito público y privado en campos como la psicología forense, la psicología del testimonio, la psicología penitenciaria, la psicología aplicada a los métodos alternativos de resolución de conflictos, la psicología criminológica y victimológica.

Evento La Psicología y el Derecho en la Pontificia Universidad Javeriana: aportes interdisciplinarios, llevado a cabo en la Pontificia Universidad Javeriana (Bogotá) en mayo de 2019.

En los últimos años se ha identificado un interés creciente por investigar e intervenir en las necesidades que deja el conflicto armado y la violencia sociopolítica, en la aplicación de la Justicia Restaurativa y los Métodos Alternativos de Solución de Conflictos, especialmente en los conflictos penales y de familia. Adicionalmente, algunos de los retos más importantes para los psicólogos jurídicos son la incorporación de las neurociencias y las nuevas tecnologías al estudio e intervención en los escenarios de interés, especialmente al campo que se ha denominado la Justicia Digital, así como el impacto en la construcción de política pública y política criminal a través de conocimientos basados en evidencia.